Dioxitec ha estado en el centro de la atención pública por su ubicación en un área residencial del barrio, lo que contradice la ordenanza 8.133 de 1985 que prohíbe actividades industriales en esa zona. A pesar de su inicio en 1982 y un acuerdo en 2012 para su traslado a Formosa, la planta sigue operando en Córdoba. La situación ha desatado nuevos interrogantes sobre la seguridad y la viabilidad de mantener una planta productora de dióxido de uranio en medio de residencias. Los ciudadanos y autoridades locales están pidiendo claridad sobre los planes de remediación y el futuro de la instalación, ya que la planta depende en gran parte de capitales del Estado Nacional y su situación aún no tiene una resolución definitiva.
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