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El ministro de Justicia, Julián López, informó en Radio Continental Córdoba que la provincia ha presentado un proyecto de ley conocido como Ley Joaquín, en memoria de Joaquín Esperani. Este proyecto busca ordenar y reforzar la protección de las víctimas de delitos, garantizando su tutela efectiva durante el proceso penal. En línea con lo anunciado el 1 de febrero durante la apertura de sesiones ordinarias, la ley tiene como objetivo reducir las asimetrías existentes en los procesos penales, tales como la falta de información, las demoras y los obstáculos de acceso a la justicia. López destacó el riesgo de revictimización que enfrentan las víctimas, quienes a menudo deben cruzarse con sus victimarios y enfrentar situaciones que les obligan a revivir su trauma. La ley pretende eliminar estos obstáculos invisibles que dificultan que las víctimas hagan valer sus derechos y su vida.

Julián López, ministro de Justicia, aseguró en Radio Continental Córdoba que esta ley busca ordenar y fortalecer la protección de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Anunciada el 1 de febrero durante la apertura de sesiones ordinarias, la ley tiene como objetivo principal eliminar las asimetrías en el sistema de justicia, abordando problemas como la falta de información y los riesgos de revictimización que enfrentan las víctimas. López destacó la importancia de romper con los obstáculos invisibles que dificultan el acceso a la justicia y permiten que las víctimas hagan valer sus derechos.

Dioxitec, la planta de producción de dióxido de uranio ubicada sobre Rodríguez Peña al 3200, enfrenta cuestionamientos sobre su operatividad en una zona residencial. Esta instalación, clave para el combustible de las centrales nucleares argentinas, funciona desde 1982 y ha recibido prórrogas desde 2012, a pesar de que su viabilidad fue cuestionada desde la sanción de la ordenanza 8.133 en 1985, que prohibió actividades industriales en áreas urbanas. El 99% de la planta es de capitales del Estado Nacional, mientras que el 1% corresponde a la provincia de Mendoza. En 2012 se había acordado su traslado a Formosa y la implementación de un plan de remediación, aunque hasta la fecha no se han concretado estos planes.

La provincia de Córdoba ha presentado un nuevo proyecto de ley denominado Ley Joaquín, destinado a proteger a las víctimas de delitos. Este proyecto, que rinde homenaje a Joaquín Esperani, busca establecer derechos claros y operativos para aquellos que atraviesan un proceso penal. El ministro de Justicia, Julián López, anunció la iniciativa en Radio Continental Córdoba, en el programa La Última Palabra, cumpliendo con lo prometido en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de febrero. La ley tiene como objetivo principal abordar y eliminar las asimetrías que surgen en los procesos penales. Entre las problemáticas señaladas por López se encuentran la falta de información, las demoras y los obstáculos de acceso a la justicia, así como el riesgo de revictimización que enfrentan muchas víctimas, quienes a menudo deben cruzarse con el victimario. Esta legislación busca también eliminar los obstáculos invisibles que dificultan que las víctimas puedan hacer valer su vida y recibir la justicia que merecen.

El secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández, confirmó que a partir del 1 de abril comenzará a operar un nuevo sistema de transporte con la incorporación de la empresa Solbus en el corredor 7, lo que incluye 82 vehículos, de los cuales 62 son cero kilómetros. Además, la empresa Sibus operará en el corredor 5 con 55 colectivos, 22 de ellos también cero kilómetros. En total, serán 137 colectivos los que se integren al sistema. Fernández señaló que están realizando los últimos ajustes y que el lunes estarán en la calle. En referencia a la situación del servicio tras la salida de la empresa FAM, el secretario expresó que los cordobeses enfrentaron un período difícil desde el 8 de marzo, pero que se está recuperando la normalidad con un promedio de espera de 18 minutos. La duración del contrato con Solbus será de 12 meses, similar al de otras empresas. Los nuevos vehículos llegan desde Comodoro Rivadavia y presentan el único inconveniente de no tener ventanas operativas, dado su origen en una región fría. El objetivo es regularizar al menos el 90% del servicio a partir del 1 de abril.

El gerente general de la Cámara de Transporte de Cargas, Rolando, expresó a Radio Continental Córdoba que los recientes aumentos en el precio del gasoil, que alcanzaron un 21% en un mes, generarán un impacto del 11% en los costos del transporte. Destacó que esta situación no es un problema aislado, ya que se debe a una combinación de factores que afectan a toda la economía. Rolando subrayó que el sector del transporte no fomenta la inflación, sino que transmite costos. La Cámara propone que el incremento del impuesto al combustible líquido sea tomado como prioritario por las empresas y que el gobierno nacional implemente mecanismos para mitigar la volatilidad del combustible. “Esto es un shock internacional y no hay soluciones inmediatas”, indicó. Además, en relación al transporte de última milla, mencionó que las empresas enfrentan competencia de plataformas internacionales, lo que complica aún más la situación. La Cámara está debatiendo internamente sobre cómo estas diferencias afectan al sector.

La Calera enfrenta una grave crisis de agua. Según la abogada Emilia Abdelnave, dirigente política local, desde el 13 de marzo los vecinos sufren restricciones en el suministro de agua, que se han intensificado hasta el corte total desde hace casi dos semanas. Abdelnave explicó a Radio Continental Córdoba que la situación se agrava por una deuda municipal con la Asociación de Cooperativas Colón-Punilla, que asciende a 1.200 millones de pesos. Aunque la planta potabilizadora había comunicado que el servicio se normalizaría, esto no ha ocurrido y los ciudadanos no han recibido información oficial del municipio. La deuda, generada desde la gestión del Intendente Rambaldi, ha llevado a los vecinos a cuestionarse sobre el destino del dinero pagado por el servicio. Además, se ha señalado que el suministro de agua debería ser garantizado, aunque los usuarios no paguen, lo que según Abdelnave no se está cumplimiendo en La Calera. La crisis es crítica, afectando a barrios como La Campana, Domainir y Doctor Boca, donde el servicio es inexistente. La municipalidad no ha proporcionado respuestas claras sobre la deuda, dejando a los calerenses preocupados por el futuro del servicio vital.

La doctora Claudia Malmi, Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación de Córdoba, explicó en Radio Continental que la guía aborda situaciones complejas que incluyen acoso escolar, bullying y vulneración de derechos, así como casos de violencia física y digital, autolesiones y consumo de sustancias. La guía tiene como objetivo proporcionar orientaciones y procedimientos a supervisores, directivos y docentes para abordar estas circunstancias. Es importante señalar que, aunque estas situaciones no son comunes, requieren una intervención precisa para garantizar un entorno educativo seguro y inclusivo. La guía fue elaborada a partir de un proceso colaborativo y participativo, en el que intervinieron diversas instituciones, incluyendo áreas de la justicia y salud, así como universidades. La herramienta ya se encuentra disponible en formato digital en la página web del Ministerio de Educación y se imprimirá un ejemplar para cada una de las más de 5.000 instituciones educativas de la provincia. Esta guía no propone sanciones específicas, sino que se enfoca en orientar sobre procesos de cuidado y acompañamiento, promoviendo la corresponsabilidad entre la comunidad educativa.

Durante su intervención en Radio Continental, Julián López explicó que la Ley Joaquín, presentada en cumplimiento de un compromiso del 1 de febrero, tiene como objetivo principal eliminar las asimetrías que enfrentan las víctimas en el sistema penal. “Queremos acabar con los obstáculos de acceso a la justicia y el riesgo de revictimización que sufren aquellos que deben interactuar con sus victimarios”, destacó. La ley busca establecer derechos claros y operativos para las víctimas, facilitando su tutela efectiva y garantizando que puedan participar sin enfrentar nuevas dificultades emocionales o logísticas en el proceso judicial.

Dioxitec ha estado en el centro de la atención pública por su ubicación en un área residencial del barrio, lo que contradice la ordenanza 8.133 de 1985 que prohíbe actividades industriales en esa zona. A pesar de su inicio en 1982 y un acuerdo en 2012 para su traslado a Formosa, la planta sigue operando en Córdoba. La situación ha desatado nuevos interrogantes sobre la seguridad y la viabilidad de mantener una planta productora de dióxido de uranio en medio de residencias. Los ciudadanos y autoridades locales están pidiendo claridad sobre los planes de remediación y el futuro de la instalación, ya que la planta depende en gran parte de capitales del Estado Nacional y su situación aún no tiene una resolución definitiva.